Policías
de la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal del Perú, en
coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual ,
dirigieron el segundo operativo antipiratería del 2015, en la galería
“Garcilaso” ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega 1261, Cercado de Lima, durante
el cual 18 puestos en los que se comercializaba software ilegal fueron
intervenidos. El monto equivalente a los 22,000 CD’s, catálogos y memorias
externas confiscadas es aproximadamente de 5.5 millones de soles, que sumado a
los más de 4,750 millones de soles incautados en marzo de este año, superan la
cifra de 10 millones en software pirata, confiscados por las autoridades.
Con
este operativo, la Policía Fiscal demuestra una vez más el firme objetivo de hacer
respetar los derechos de propiedad intelectual y castigar a los que infrinjan
la ley sobre delitos de piratería de software en el país, que, según cifra
brindada por Indecopi, hacen perder al país alrededor de US$ 600 millones, en desmedro
de la industria local de software.
En
total, más de 100 efectivos de la Policía Regional y Policía Fiscal, participaron
de la rápida y exitosa intervención, permaneciendo en el lugar solo por 40
minutos. Entre los productos decomisados están sistemas operativos, programas
de diseño, ofimática y de antivirus, entre otros, que ponen en peligro la
seguridad y privacidad de la información de los usuarios que los instalan en
sus equipos, dejándolos indefensos y expuestos a robos de información, potenciales
hurtos en sus cuentas bancarias e incluso ser víctima de suplantación de
identidad para cometer un delito.
Tal
como se mencionó, las personas que comercializan software ilegal cometen un
delito. Éste es penado por la ley con hasta 8 años de pena privativa de la
libertad y reciben una multa de hasta 180 UIT (S/. 693,000). De igual forma, las
empresas comercializadoras de este software pirata no se salvan, ya que se
exponen a las mismas multas.
Las
intervenciones realizadas por la policía en la lucha contra la piratería de
software normalmente terminan en procesos penales; como ejemplo, en el 2013 la
Corte Superior Penal confirmó la sentencia de pena privativa de la libertad
suspendida de 3 años a una persona que fuera encontrada comercializando un
equipo de cómputo con software pirata instalado. La
denuncia, para la realización de esta intervención, fue realizada por Microsoft.
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